Nos roban el futuro: ¿también el energético?

En una reciente comparecencia en el Pleno del Congreso de los Diputados el Sr. Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, respondía a una pregunta del Grupo Socialista sobre la situación del marco regulador del autoconsumo y balance neto con estas palabras: “…Estamos trabajando de tal forma que no suponga una merma para los ingresos del sistema…, sí al balance neto y sí a que en los hogares y en las empresas pueda haber autoconsumo, pero no a que produzca un desajuste en los ingresos y costes del sistema”. En otras palabras: sí al cambio pero a condición de que no cambie nada.

¿Qué está pasando? Pues lo de siempre, lo que ya pasó también durante la última legislatura, que esta opción tan viable y prometedora desde todos los puntos de vista del autoconsumo con balance neto no interesa a los generadores y grandes distribuidores, no interesa a UNESA, y en particular a Endesa e Iberdrola, cuyo presidente, Ignacio Sánchez Galán no pierde ocasión de atacar las renovables, a pesar de jactarse de vender energía verde. En el Ministerio, como venimos denunciando, no solo está sentado el ministro, está UNESA, están Iberdrola y Endesa, y lo están con cualquiera que sea el ministro y el partido en el Gobierno, aunque dados los desencuentros habidos con el tema de la central nuclear de Garoña y con la nueva fiscalidad, parece que ahora la sintonía es menor, aunque no necesariamente a favor de los ciudadanos.

Ya durante la pasada legislatura se inició un desmantelamiento regulatorio sistemático, además de un linchamiento mediático, de las renovables. La causa no es otra que el enorme éxito en España de las tecnologías limpias y autóctonas dentro de un sistema de generación sobredimensionado, éxito que estaba perjudicando seriamente a los intereses de UNESA, cuyas centrales de ciclo combinado han pasado de las 4.000 horas de funcionamiento de 2008 a menos de 2.000 en 2011, fundamentalmente por el exceso de estas instalaciones, que son térmicas de gas, y a una contracción de la demanda.

No podemos admitir que vuelvan a hipotecarnos el futuro como lo han hecho ya con el tema del déficit de tarifa, nada más y nada menos que 27.000 millones de euros a finales del pasado año, que sería la diferencia entre lo que han percibido “las eléctricas” y los costes oficialmente “reconocidos” -otra cosa son los reales- de generación, costes que le dicen al sufrido consumidor que no ha pagado, aunque nadie nos preguntó si queríamos endeudarnos. Con todos los respetos, como consumidor no debemos nada porque los consumidores no hemos firmado ningún crédito o pago aplazado al respecto. Así que como mucho reclámenselo al Gobierno que lo ha titularizado, que tiene todos los elementos para, por ejemplo, imponer, no proponer, una quita sustancial a tenor de los otros pagos que sí se han hecho y que no debían haberse hecho. Y hay donde cortar, por ejemplo los ingresos o beneficios no debidos en todos estos años para la energía nuclear y la gran hidráulica por retribuir al coste marginal de las tecnologías más caras inversiones ya amortizadas, es decir, los llamados “windfall profits”.

No queremos que nos roben el futuro y por eso no entendemos que en nuestro recibo sigamos pagando costes del pasado como los subsidios a la quema de un carbón nacional ambientalmente considerado como “dañino” y socioeconómicamente sin perspectivas por los que pagamos cientos de millones de euros cada año, unos poco transparentes costes del “servicio de ajustes del sistema” y unos inapropiados “pagos por capacidad”, conceptos ambos que sumaron en 2011 más de 1.800 millones de euros lo que sí constituye una, tan verdadera como escandalosa, subvención. Y eso por no hablar de los regalos que reciben en forma de derechos de emisión de CO2 para eludir el mecanismo creado para reducir dichas emisiones.

Así que ni debemos tanto los consumidores ni la electricidad tiene que subir tanto en el futuro, aunque eliminemos ese artificio del déficit de tarifa, es decir, aunque los precios de la electricidad reflejen los costes y estos incluyan los ineludibles costes de transición hacia un sistema eléctrico más eficaz y eficiente e inexorablemente casi 100% renovables si queremos tener un sistema eléctrico sostenible con presente y futuro y con emisiones de CO2 del sector eléctrico europeo cercanas al cero, según plantea como necesario, viable y oportuno la Hoja de Ruta para una Economía Baja en Carbono de la Comisión Europea.

En este contexto podremos ser cada día más autosuficientes en un proceso de indudable “democratización de la energía” como es la generación distribuida y conectada con renovables, ya que como decía aquel cartel de una tienda clásica de ultramarinos madrileña “el sol sale para todos”. Pero ahora el objetivo de UNESA, con la excusa de las dificultades de gestión, de inadecuación de la red -factores que son parcialmente ciertos aunque resolubles como se ha visto en otros países-, no es otro que evitar que se regule y se haga posible el autoconsumo y balance neto. ¿Por qué? Porque si se regula bien se generalizará en tan solo un decenio con un efecto devastador para la situación dominante de sus empresas en el sistema eléctrico. Este cambio “empoderaría energéticamente” a los ciudadanos, que finalmente participarían en este desafío tan enorme que tiene la sociedad española de responder al doble reto, intrínsecamente unidos, de mitigación del Cambio Climático y del necesario cambio de modelo energético, beneficios a los que habría que añadir los importantes retornos socioeconómicos en empleo, exportaciones, tejido industrial, etcétera.

Si el Ministerio responde verdaderamente a los intereses ciudadanos y no a los intereses de UNESA debería aprobar el Real Decreto sobre el Autoconsumo y Balance neto, del que ya debe tener múltiples borradores, y someterlo a debate público, ya que nos interesa a todos. No hacerlo sería un fraude más no solo a los ciudadanos sino al futuro de este país, un fraude histórico, sería robarnos nuestro futuro energético. Nos merecemos alguna buena noticia, nos merecemos algo prometedor.